Tras el escándalo suscitado luego de la aparición de una publicación en el perfil personal de una funcionaria municipal en la red social Facebook, donde mediante un largo texto se acusaba y culpabilizaba de corrupción al Director de Servicios Públicos. Actualmente el proceso legal está en marcha para identificar a la persona detrás del supuesto hackeo.
Paola Jácome, propietaria del perfil, quien en ese entonces formaba parte de la mencionada Dirección Departamental que es precedida por Holguer Mayorga; de quien se tomó el nombre para acusarlo dentro de la publicación, afirma que tomó acciones legales inmediatas y que están a la espera de que las investigaciones muestren al culpable, pero ella está consciente de la persona detrás de ese acto.
En semanas anteriores la Fiscalía de Salcedo procedió a llamar a rendir su versión a tres personas de las cuales asistieron dos, en cuanto a la tercera persona la autoridad correspondiente procederá a notificarla nuevamente, “hace dos semanas se rindieron versiones, en este caso mi persona y dos personas más, pero uno de los notificadas no se acercó.”, dijo Paola Jácome.
El siguiente paso a seguir es la intervención de parte de un Périto Informático, el cual ya ha sido designado por Fiscalía y que en los próximos días acudirá hasta la oficina que solía ocupar Jácome, a realizar los análisis, recopilar pruebas e indicios de la computadora de la funcionaria, para continuar con la acción legal. Por su parte su defensa asevera que este proceso es trascendental para esclarecer las investigaciones.
“Es muy importante porque es la parte técnica, la parte modular de la investigación. De eso yo creo que dependerá mucho para primero determinar el cometimiento de un presunto delito y segundo para poder determinar cuáles fueron los sujetos de los cuales están inmersos en el cometimiento del delito”, aseveró Diego Viteri, abogado defensor de la Funcionaria.
¿Qué dice la ley?
El artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece, “La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.”
