El 5 de mayo de 2019, Salcedo se puso en el ojo de la crítica a nivel nacional, debido a que en redes sociales se difundió un video donde se aprecia una posible agresión a una comerciante informal indígena, efectuado por quien se desempeñaba como Comisario Municipal. El hecho se dio cuando los encargados de los controles procedieron a decomisar una carretilla con fruta, la vendedora trató de impedirlo y ahí se produjo el impacto, ocasionando que caiga al piso.
Este hecho causó conmoción en redes sociales y levantó todo tipo de críticas, es así que ante la presión social el 23 de diciembre del mismo año el Comisario fue desvinculado de su cargo, pues el Municipio procedió con la compra de su renuncia ya que tenía nombramiento. Ante este hecho el exfuncionario presentó una acción de protección en contra del cabildo salcedense.
Es así que con un fallo a su favor, el 23 de julio de 2020 se reintegró a sus labores, pues el Juez a cargo del caso determinó que hubo violación de derechos y que por lo tanto debía ser restituido al puesto en el que se venía desempeñando y que se cumpla con la reparación económica de todos los meses que no percibió su remuneración.
La Perito determinó que el Municipio debía desembolsar 10 mil 889 dólares con 51 centavos como reparación, pues se calcula el sueldo de siete meses, más los décimos terceros y décimos cuartos salarios, vacaciones y fondos de reserva. De esta cantidad, 2 mil 171 dólares serán para el pago de las obligaciones del IESS y el resto para el funcionario.
Debate Concejo Municipal
Con estos antecedentes, el Concejo Municipal resolvió la mañana del jueves 19 de agosto realizar una nueva reforma al presupuesto del cantón, pues no estaba contemplado el rubro; Gladys Mesías, concejal, señaló que es necesario que se determinen responsables de este hecho, pues dijo que antes de desvincularlo se debió conocer muy bien el procedimiento y si era legal o no.
Ante esto la procuradora síndica, Natalia Santamaría, señaló que se actuó en base a un decreto presidencial, emitido por el Gobierno de Rafael Correa, en el que se disponía no dar paso a acciones de protección presentadas en contra de entidades públicas, además, expuso que las compras de renuncias obligatorias se daban sin problema alguno.
“Fue una sorpresa que el juez haya dado paso a la acción de protección”, dijo al Concejo. Mientras que el edil Luis Herrera argumentó que la responsabilidad de esta acción le corresponde determinar a la Contraloría General del Estado, pues la entidad valorará si quizá la Dirección Financiera pagó demás por la renuncia, si hubo mal proceso por la Unidad de Talento Humano o si fue una decisión ilegitima de la autoridad.
La decisión judicial dispuso un plazo de 20 días para que se cumpla con el pago, tiempo que se cumplió este jueves, por ello está previsto que el Concejo sesione nuevamente para aprobar la reforma en segundo debate y se cumpla con el pago, pues caso contrario incluso se podría sancionar con cárcel de uno a tres años por el desacato.
EL DATO: Al momento de la compra de la renuncia, el Municipio pagó al funcionario 12 mil dólares, ese dinero fue devuelto a las arcas municipales, pues fue también una disposición del Juez.
