Cuatro de los siete funcionarios destituidos del Municipio de Salcedo en junio pasado, se presentaron el lunes 3 de agosto para dar a conocer detalles sobre las acciones investigativas que está desarrollando tanto Fiscalía como Contraloría General del Estado en su supuesta participación en la adquisición de productos de bioseguridad con sobre precios.
Los presentes en la rueda de prensa fueron: Rodrigo Morales, Washington Toro, Cristian Escobar y Miguel Larcos, los cuales en su mayoría pertenecían a la dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. Uno a uno rindió sus versiones y afirmaron que las acciones que realizan son con la finalidad de “demostrar que no tenemos nada que ver con este tipo de irregularidades”.
Wasington Toro, quien antes de su destitución ocupaba el cargo de jefe de Servicios Públicos, arrancó anunciando que se está entregando documentación que les solicita Fiscalía y, además, se ha creado un examen especial para pedir declaraciones tanto al alcalde Willan Naranjo y a la Procuradora Síndica Natalia Santamaria. Tal declaración fue desarrollada el martes 4 de agosto en horas de la mañana.
“No tuvimos nada que ver, no existió una demanda en nuestra contra, sino más bien al representante municipal y a la Procuradora por parte de ciudadanos políticos que siempre están buscando una plataforma para hacerse conocer ante la ciudadanía”.
Rodrigo Morales, exdirector de Gestión Ambiental y Servicios Públicos
Por otro lado, Rodrigo Morales exdirector de Gestión ambiental y Servicios Públicos, afirmó que son seis de los siete exfuncionarios, los que se han reunido a enfrentar esta situación. Por lo que explica, “no tuvimos nada que ver, no existió una demanda en nuestra contra, sino más bien al representante municipal y a la Procuradora por parte de ciudadanos políticos que siempre están buscando una plataforma para hacerse conocer ante la ciudadanía”.
Los montos investigados son, “55 mil dólares en prendas y 10 mil en insumos y no 260 mil como se rumora”, declaró Morales, quien junto a Toro fueron los únicos entre los presentes que intervinieron durante la rueda de prensa, afirmando que desean que se aclare de la manera más rápida posible, para limpiar su imagen y la de sus familias, “ante una decisión que fue tomada por falta de liderazgo y deslealtad”, expresaron.
Los funcionarios fueron desvinculados de la municipalidad el pasado 3 de junio del presente año ante una denuncia puesta en Fiscalía que según los afectados apareció el día siguiente de su destitución, dicha denuncia también provocó la intervención inmediata del ente regulador en el Palacio Municipal el pasado 9 de junio en donde la policía incautó computadores y demás artículos de oficina para las respetivas investigaciones.